La política transita por senderos de polarización creciente que tensiona las instituciones. El gobierno de Santa Cruz se propone resistir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena reponer a Eduardo Emilio Sosa, en su cargo de procurador general del Tribunal Superior de Justicia del Estado patagónico.

Sosa cesó en su cargo por disposición del entonces gobernador Néstor Kirchner, en 1995, a quien fastidiaba por sus acciones. Desde entonces, el jurista santacruceño peregrinó por los estrados judiciales. El supremo tribunal cada vez que trató la cuestión en los años 1998, 2000 y 2001, falló en favor de Sosa, que pretendía volver a la magistratura de donde había sido desplazado por orden de Kirchner.

Cambió la composición menemista de la Corte y el criterio jurisprudencial no varió. Con amigos ideológicos incluidos, entre octubre y noviembre de 2009, la Corte de la nueva era mantuvo la misma decisión, e hizo recaer la responsabilidad de la restitución en el gobernador Daniel Peralta.

Hartos de la indiferencia de Peralta, los jueces cimeros entendieron que Santa Cruz incumplía el mandamiento de la Corte, violando la división republicana de poderes. Además de dar intervención a la Justicia para que tipifique la conducta de Peralta, comunicaron el pronunciamiento al Congreso para que adopte las medidas que considere pertinentes.

La rebeldía de Peralta configura una situación de discordia institucional sin precedentes desde la restauración democrática en 1983.

La disyuntiva

La república de Santa Cruz está por encima de la Corte, que es la intérprete final de las disposiciones que configuran el orden jurídico. Esto se desprende del discurso fogoneado por el oficialismo, con anuencia de Kirchner, en abierto desafío a la Corte. Hablan de invasión federal, pero desconocen la Constitución.

Un acto en defensa del estatus quo en Santa Cruz, que se anuncia para el 8 de octubre, plantea un serio interrogante para los gobernadores kirchneristas, por los hipotéticos costos políticos a pagar. José Alperovich está entre ellos.

El berenjenal que armó el ex presidente complica a la oposición en el Congreso y a los funcionarios de Cristina Fernández, que -como Aníbal Fernández- dicen que la orden de la Corte puede desacatarse, y al día siguiente se desdicen, estremecidos por la seca admonición de la jueza Carmen Argibay (le dijo que los fallos de la Corte son para cumplirse). Ella llegó de la mano del kirchnerismo a su actual puesto.

La adhesión reclamada a los gobernadores K pone en aprietos a quienes como Alperovich, tratan de combinar gestos de autonomía, pero sin romper con las políticas de fondo. Es la estrategia de supervivencia que se trazó más de un jefe provincial con el plan de elecciones escalonadas y separadas de las presidenciales. Asistir al acto que se programa en Santa Cruz, implicaría para Alperovich quedar bien con el matrimonio K, pero también pegado a una tribuna donde se rendiría tributo a la republica desquiciada.

Militancia activa

El gobernador fue a la exposición de la Sociedad Rural, pero defendió las retenciones a la soja. Sus anfitriones lo sabían de antemano. No desairó a los organizadores de la muestra -incluso montó un stand-, pero tampoco a la Casa Rosada. No irritó a uno, ni a los otros.

Sin embargo, el alperovichismo militó en el Congreso y en las arenas mediáticas, en favor de la Ley de Medios, y del proyecto que propone la regulación estatal de la fabricación y comercialización del papel para diarios. El énfasis puesto por Cristina Fernández en contra de la importación del insumo encendió luces amarillas. Los modos civilizados del gobernador no excluyen su solidaridad activa con los Kirchner. Del otro lado del teléfono se reciben palabras elogiosas y anticipos de transferencias de recursos, como contrapartida. Es una ley no escrita que impuso el partido gobernante.

Lejos de las urnas

Las fracciones del peronismo que discrepan con el doble comando político e ideológico de Alperovich y del matrimonio presidencial han descartado someterse a las reglas de la elección interna del PJ tucumano, en diciembre. La minicumbre organizada por el gremialista citrícola Jesús Pelasio coincidió -excepto el abogado José Casas, del Peronismo Federal Celeste y Blanco- con la prédica de no acudir a las urnas. No queremos legitimar a Alperovich, dijo uno de los concurrentes, que acredita vasta experiencia en los entreveros peronistas.

El Peronismo Federal (Julio Díaz Lozano y Florencio Aceñolaza), Cruzada Peronista (Enrique Romero), Tres Banderas (Alejandro Sangenis), Partido Laborista (Francisco Cirnigliaro) y dirigentes diversos desarrollaron discursos adversos a la participación en la interna partidaria. Cada uno continuará con su propuesta personalizada, pero descalificando la lucha interna. Dicen que no gastarán recursos en una pelea desigual, mientras evocan la catastrófica derrota del entonces vicegobernador Fernando Juri a manos de Beatriz Rojkés, en la anterior competición por la presidencia del partido.

En consecuencia, el aparato partidario responderá incondicionalmente a la Casa de Gobierno, aunque el jefe del Ejecutivo se mantenga distanciado de las fricciones de menor cuantía.

Ordenando la casa

Los radicales tratan de diseñar políticas que consoliden el espacio electoral en 2011, Las conversaciones que se sucedieron tras la visita de Ricardo Alfonsín y Juio Cobos, apuntan a sellar acuerdos sobre la forma de seleccionar los probables candidatos del partido. Se habló de explorar perfiles mediante encuestas y de resolver las diferencias por acuerdos o por elecciones. Gana terreno en esos medios radicales la idea de que los socios extrapartidarios deberán ganar sus lugares al sol, por medio del sistema de acoples. Algunos como Ariel García que advierten sobre la inconstancia de anteriores aliados de la UCR. Según ellos, escarmentaron con el pasado. Mientras tanto, se abrieron diálogos informales con núcleos peronistas rebeldes. La experiencia de la alianza Roberto Lavagna-Gerardo Morales, pero reducida a los comicios provinciales del 28 de agosto de 2011, les sirve de referencia. El común denominador de todos los adversarios de Alperovich es sacar réditos de su desgaste. La inseguridad es un grave problema.